Catalunya, 24 de Junio del 2026
Señor presidente electo
Abelardo de la Espriella Otero:
Mi nombre es Francisco Vera Manzanares. Soy un ciudadano colombiano, activista climático y defensor de derechos humanos de 16 años. Desde hace siete años lidero un movimiento de niños, niñas y adolescentes en defensa de nuestro derecho humano a un ambiente sano, limpio y digno, de la justicia climática y ambiental y de la paz con la vida.
Asimismo, fui asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para la elaboración del comentario general número 26 sobre los derechos de la niñez y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático.
Colombia desempeña un papel esencial en la descarbonización de la economía, la protección de la biodiversidad y la defensa de los derechos humanos. Aunque nuestro país genera tan solo el 0,7% de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática global, esta circunstancia no nos exime de nuestra responsabilidad frente al cuidado de la casa común, principio desarrollado en la encíclica de “Laudato Sí”
Colombia, pese a ocupar tan solo el 0,76% de la superficie terrestre emergida del planeta alberga el 10% de las especies del mundo, lo que nos posiciona como el país más biodiverso por metro cuadrado.
Esto representa un enorme orgullo, pero también una gran responsabilidad colectiva.
En ese contexto, durante su campaña muchos ciudadanos y ciudadanas escuchamos con preocupación su anuncio sobre la implementación de del fracking en yacimientos no convencionales de hidrocarburos, así como la afirmación de que sería posible desarrollar un “fracking responsable”.
En nombre de nuestro movimiento Guardianes por la vida, me permito exponer algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta antes de impulsar una política de esta naturaleza.
En primer lugar, no existe un fracking “responsable”:
Este método inexorablemente genera impactos nocivos sobre los territorios, las comunidades y el clima. Entre ellos se encuentran la emisión de metano, un gas alrededor de 80 veces más potente que el dióxido de carbono en un periodo de 20 años, y la altísima demanda de agua, que puede alcanzar entre 9 y 29 millones de litros por pozo según diversos factores.
Esto no solo perjudica los derechos ambientales de las comunidades, sino que también puede afectar las principales fuentes de sustento de las regiones del Magdalena Medio en la que se implementaría, como los cultivos agrícolas o la pesca artesanal.
Además, las tendencias internacionales evidencian una transformación indudable de la matriz energética y un crecimiento de las energías renovables. Mantener una economía dependiente de los combustibles fósiles, nos ata al pasado y nos condena a la irrelevancia estratégica, mientras que los pasivos y perjuicios ambientales quedan como una herencia y deuda para los territorios, la nación y las futuras generaciones.
De igual manera, ante la posibilidad que usted manifestó durante la campaña electoral de retirar a Colombia de los diversos procesos y organismos multilaterales a los que pertenece, quisiera plantearle algunas consideraciones.
Aunque el sistema multilateral presenta deficiencias, ha sido fundamental para construir espacios de cooperación, diálogo y consenso en los que residen la confianza y la esperanza de nuestros pueblos. Las Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos realizan contribuciones invaluables para el conjunto de la sociedad, y en particular para Colombia. Retirarnos de estas instituciones constituiría un severo retroceso para el desarrollo nacional y nos aislaría de mecanismos esenciales para la democracia, la cooperación y la defensa de derechos. Cabe recordar que los únicos tres países de las Américas que actualmente no hacen parte de la OEA son Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Tampoco puedo dejar de referirme a una realidad con la que su gobierno tendrá que lidiar de manera ineludible: el asesinato, la persecución, el exilio y el hostigamiento de quienes protegemos el ambiente y la biodiversidad.
Colombia ha recibido el deshonroso reconocimiento de ser uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defendemos la vida de manera pacífica y democrática. Con tristeza, puedo afirmar de primera mano que el Estado colombiano ha abandonado a muchas personas que acudimos a él como defensores y víctimas.
Esta desprotección es aún más grave para los menores de edad, quienes, por nuestra condición de niños y niñas y debido al sistema adultocéntrico, muchas veces no somos reconocidos ni siquiera institucionalmente como defensores de derechos humanos. Para nuestro movimiento esta no es una discusión o asunto abstractos, sino una realidad que hemos vivido directamente.
Por esta razón, hemos acudido al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambas instituciones han expresado su preocupación y han instado al Estado colombiano a implementar una protección reforzada para los niños y niñas defensores.
Colombia también ha ratificado el Acuerdo de Escazú, un marco regional que protege a las personas defensoras del ambiente y garantiza el acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana como elementos esenciales para la democracia ambiental.
En consecuencia, respetuosamente solicitamos a su futuro gobierno:
- Abstenerse de impulsar el fracking y otros proyectos extractivos, y promover una política energética compatible con la protección de la naturaleza, los derechos de las comunidades y los compromisos climáticos del Estado.
- Mantener, fortalecer y ampliar la participación activa en las Naciones Unidas, la OEA y el sistema interamericano de derechos humanos.
- Implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú y establecer medidas de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes del ambiente.
- Garantizar la participación real, informada y significativa de las comunidades y de las nuevas generaciones en las decisiones ambientales.
En definitiva, las mayorías populares respaldan el cuidado de la vida, la justicia nos emplaza a hacerlo efectivo y la ciencia nos advierte sobre su necesidad. Cuidar la vida es un imperativo ético que no puede ser ignorado.
Por todo lo anterior, lo exhortamos a estar a la altura del momento histórico que experimenta el mundo y a no priorizar los intereses particulares o privados que puedan perjudicar el bien público más preciado del que disponemos: la naturaleza.
Esperamos que estas consideraciones sean recibidas como una invitación firme, respetuosa y democrática a la construcción de un país que sitúe el cuidado de la vida en el centro de sus decisiones.
Los ciudadanos de esta bella tierra seguiremos, como lo hemos hecho antes, defendiendo nuestro derecho a habitar un país sano, digno, sostenible y en paz.
Atentamente,
Francisco Vera Manzanares
Activista climático y defensor de derechos humanos.