Como ciudadano colombiano me llena de orgullo que el evento más importante sobre el cuidado de la biodiversidad en el mundo, la COP 16 de biodiversidad se desarrolle en Colombia, mi país, al que amo y extraño, un país tan bello y lleno de colores como el nuestro.
Sin embargo, a pesar de mi incansable lucha por la biodiversidad, quiero manifestar públicamente la gran tristeza e indignación que me produce no poder asistir a este evento que se lleva a cabo en mi país, en razon a la impunidad en que se encuentra todo lo relacionado a la persecución que por años he soportado como defensor de derechos humanos y que no ha sido atendido por el Estado; la labor de defensa de los derechos humanos, y en especial la del derecho a habitar un mundo limpio, sano y digno no puede ser criminalizada frente a la mirada silenciosa de un Estado (y de sus funcionarios) que tendría que garantizar la vida, dignidad y la justicia a los ciudadanos que defienden la vida.
En mi caso particular me genera gran sorpresa e indignación que aunque desde hace varios años me encuentro en el exilio, fuera del país, lejos de mi familia, mis amigos y mi hogar, tenga que constantemente recibir niveles muy graves de violencia de la cual tiene pleno conocimiento el Estado colombiano sin que a la fecha haya nada más que impunidad, que según datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU en Colombia, es un importante factor de riesgo para los defensores ambientales.
Para hablar de cuidado de la biodiversidad es necesario entender que esta debe considerar el cuidado de los defensores ambientales y de la tierra también.
Hago un llamado urgente al Estado colombiano y al gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro y a la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo para que se respete y cuide la vida de quienes cuidan en el ambiente, para que dejemos de ser el primer país donde más defensores han sido asesinados (79 según el último informe de Global Witnnes) y para que la paz con la naturaleza no sea solamente un eslogan sino una realidad, y cumplan con la obligación de proteger la vida de cada uno de sus ciudadanos.
Barcelona, 18 de octubre de 2024.
